La isla caribeña sigue sin firmar el principal tratado ambiental de la región, dejando sin garantías a sus defensores ambientales y a la ciudadanía.
En el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio, el Primer Ministro de Bahamas, Philip Edward Davis, oficializó la adhesión de su país al Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe centrado en derechos humanos.
La noticia fue celebrada por la CEPAL y otras instancias multilaterales como un paso firme hacia la protección de los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.
Bahamas se convierte así en el país número 18 de la región en formar parte de este tratado vinculante y en el noveno miembro de la CARICOM en asumir este compromiso. En palabras del propio Primer Ministro Davis: «Cada bahameño tiene derecho a un ambiente limpio y seguro. Nuestra adhesión al Acuerdo de Escazú es un paso decisivo para hacerlo realidad.»
Mientras tanto, Cuba —miembro activo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)— continúa sin firmar ni ratificar este instrumento regional, que busca precisamente fortalecer el desarrollo sostenible, garantizar la transparencia en decisiones ambientales y, sobre todo, proteger a los defensores de los derechos humanos en cuestiones ecológicas.
El silencio institucional de Cuba en relación con Escazú no es menor. Este acuerdo es el único tratado ambiental en la región que contempla mecanismos específicos para la protección de personas defensoras del medio ambiente, un tema especialmente sensible en un país donde los activistas enfrentan múltiples limitaciones para acceder a información oficial, denunciar daños ecológicos, o participar en procesos de toma de decisiones.
La no adhesión de Cuba implica que la ciudadanía cubana continúa desprovista de garantías legales básicas para ejercer sus derechos ambientales, y que los colectivos ecologistas y líderes comunitarios que denuncian daños al entorno natural permanecen en un limbo legal, expuestos a represalias sin mecanismos internacionales que los amparen.
En contraste con esta ausencia, países insulares también vulnerables al cambio climático —como Bahamas, Dominica o Antigua y Barbuda— han entendido que el camino hacia una sostenibilidad real pasa por empoderar a sus sociedades y proteger a quienes alzan la voz por el planeta. ¿Por qué Cuba no?
Desde Canal Guardabosques, continuamos exhortamos a la comunidad científica, ambiental y ciudadana dentro y fuera de la isla a seguir exigiendo que el gobierno cubano firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, como un paso mínimo hacia la justicia ambiental y la defensa de los derechos humanos en un contexto de emergencia climática.
Deja un comentario