¿Hay oro en Cuba? La respuesta corta es sí. Y, a estas alturas, no se trata de una especulación.
En diferentes zonas de la Isla se han documentado depósitos auríferos, algunos asociados también a cobre, plata y otros metales.
Uno de los proyectos que más cerca ha estado de convertirse en una explotación comercial moderna es Nueva Sabana, en la provincia de Ciego de Ávila.
El proyecto resulta particularmente interesante porque permite observar, en un espacio relativamente pequeño, varios de los grandes problemas que rodean actualmente a la minería cubana.
Entre ellos está el potencial geológico, necesidad de capital extranjero, dependencia tecnológica, sanciones de Estados Unidos, riesgos ambientales y, finalmente, una pregunta difícil de responder en el contexto cubano: ¿qué parte de la riqueza generada por esos recursos termina beneficiando realmente al país?
Nueva Sabana: oro arriba, cobre y oro debajo
Nueva Sabana forma parte del área de concesión El Pilar, en Ciego de Ávila. Su desarrollo quedó en manos de Minera La Victoria S.A., una empresa mixta en la que la australiana Antilles Gold participa indirectamente a través de su subsidiaria Antilles Gold Inc., junto a la parte cubana vinculada a la estatal GeoMinera.
La estructura del depósito explica buena parte de su atractivo económico. En la zona superior aparece una mineralización oxidada relativamente rica en oro, mientras que a mayor profundidad aparece mineralización sulfurada de cobre y oro.
Las estimaciones utilizadas por Antilles Gold para desarrollar el proyecto contemplaban una vida inicial de mina relativamente corta, de unos 4,6 años, pero con una producción estimada de aproximadamente 77.000 onzas de oro y 9.150 toneladas de cobre en concentrados.
La compañía calculaba además un excedente de caja de alrededor de 164 millones de dólares, utilizando determinados supuestos sobre los precios de los metales.
Es importante hacer una distinción: estas cifras no representan oro ya extraído ni ingresos garantizados para Cuba. Son proyecciones económicas de un proyecto minero, dependientes de que la mina pueda construirse, financiarse y operar, así como de los precios futuros de los metales, los costos y la recuperación metalúrgica.
Un proyecto que ya había comenzado a construirse
Nueva Sabana había dejado de ser simplemente una perspectiva geológica.
Las obras preliminares comenzaron a principios de diciembre de 2025 e incluyeron el acceso al emplazamiento, movimientos de tierra, caminos de acarreo y trabajos relacionados con el suministro de agua y electricidad y la futura presa de relaves.
El 31 de diciembre de 2025 se emitió formalmente la orden de proceder para un contrato de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) por 29,5 millones de dólares con la empresa china Shandong Xinhai Mining Technologies & Equipment.
El presupuesto total que Minera La Victoria calculaba necesario para completar el desarrollo ascendía a unos 35 millones de dólares.
La estructura financiera es reveladora de hasta qué punto el proyecto dependía de actores extranjeros.
Según la información publicada por Antilles Gold, Xinhai aportaría una facilidad crediticia de 17,1 millones de dólares; Antilles Gold proporcionaría inicialmente otros 5 millones y posteriormente 3 millones adicionales; y otros 10 millones procederían de préstamos vinculados al oro y anticipos sobre futuros concentrados.
El calendario era agresivo: terminar la construcción a finales de 2026, iniciar la producción de concentrado de oro en enero de 2027, y generar los primeros flujos de caja en febrero o marzo.
La empresa decía contar ya con un acuerdo de off-take para vender los concentrados a un importante comerciante internacional de materias primas.
En otras palabras, no estábamos ante una mina hipotética proyectada para algún momento indefinido del futuro. Había contratos, financiamiento, obras iniciadas y compradores previstos.
Y entonces intervino Washington.
Las sanciones que congelaron Nueva Sabana
El 4 de junio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) designó a Minera La Victoria como Specially Designated National (SDN), por operar en el sector de metales y minería de Cuba.
La condición de SDN tiene consecuencias mucho más amplias que una simple prohibición para hacer negocios dentro de Estados Unidos.
Los bienes e intereses en bienes de una entidad designada que estén bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y las personas estadounidenses tienen, en términos generales, prohibido realizar transacciones con ella.
Para una empresa minera que necesita financiamiento internacional, proveedores, bancos, aseguradoras, transportistas y compradores de concentrados, el efecto puede extenderse mucho más allá de las fronteras estadounidenses.
Antilles Gold reaccionó suspendiendo su participación directa en la administración, gestión y financiamiento de Minera La Victoria, aunque mantuvo su participación accionaria.
Xinhai Mining suspendió igualmente las actividades relacionadas con el contrato EPC de Nueva Sabana hasta que la designación fuese retirada o se obtuviera una licencia de OFAC que permitiera determinadas operaciones.
La Bolsa Australiana muestra con bastante claridad la secuencia de acontecimientos: Antilles Gold solicitó primero una pausa en la negociación de sus acciones el 5 de junio, posteriormente una suspensión y, durante junio y julio, publicó sucesivas actualizaciones sobre las consecuencias de las sanciones y sus negociaciones con las autoridades estadounidenses.
Después llegó GeoMinera
El problema se hizo todavía mayor cuando Estados Unidos amplió las sanciones.
GeoMinera S.A., empresa estatal bajo la jurisdicción del Ministerio de Energía y Minas y pieza fundamental de la participación cubana en estos proyectos, fue posteriormente incorporada a la lista de entidades sancionadas por operar en el sector cubano de metales y minería. La designación aparece actualmente en la propia base de datos de OFAC.
Washington justificó estas medidas como parte de una estrategia para limitar las fuentes de ingresos del Estado cubano. El Gobierno cubano, por su parte, las ha denunciado como medidas destinadas a estrangular la economía nacional y dificultar la inversión y el funcionamiento de sectores esenciales.
Son dos interpretaciones políticas opuestas de una consecuencia económica que, en el caso de Nueva Sabana, resulta mucho menos discutible: el proyecto quedó paralizado cuando ya había comenzado su construcción.
Y la presión sobre el sector no terminó ahí. El 20 de agosto de 2026 Estados Unidos anunció sanciones contra otras nueve entidades estatales cubanas vinculadas, entre otros sectores, con minería, metalurgia, comercio y construcción. Entre ellas figuran la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, Metalcuba, Geominsal y Acinox Comercial.
La paradoja: buscar capital estadounidense para salvar una mina sancionada por Estados Unidos
Aquí aparece uno de los episodios más interesantes y menos conocidos de esta historia.
Antilles Gold no abandonó inmediatamente sus activos cubanos. En lugar de ello comenzó conversaciones con el Departamento de Estado de EEUU y presentó una propuesta para modificar la estructura operativa y accionarial de su participación en Minera La Victoria.
El objetivo sería conseguir que Washington retirara la designación o que OFAC concediera una licencia que permitiera a Minera La Victoria realizar determinadas transacciones.
Y la fórmula propuesta resulta paradójica: incorporar inversionistas estadounidenses.
Antilles Gold planteó que uno o varios inversionistas estadounidenses considerados aceptables por Washington adquirieran mediante nuevas suscripciones al menos el 51 % de Antilles Gold Inc., la sociedad registrada en Islas Caimán que posee el 50 % de Minera La Victoria.
Esto requiere una precisión importante. No significa que una compañía estadounidense haya comprado el 51 % de la mina cubana. Lo que se propone es que inversionistas estadounidenses controlen al menos el 51 % de Antilles Gold Inc., que a su vez posee la mitad de Minera La Victoria.
Antilles Gold informó el 7 de julio que había recibido una respuesta suficientemente alentadora del Departamento de Estado como para continuar explorando esa posibilidad.
Su presidente comenzó conversaciones preliminares con un grupo inversionista estadounidense con conexiones cubanas y conocimiento del potencial minero de la Isla. Hasta el momento, la identidad de ese grupo no se ha hecho pública.
El informe trimestral presentado el 30 de julio confirmó que las conversaciones preliminares con potenciales inversionistas estadounidenses continuaban.
También dejó claro que el siguiente paso requeriría que un posible inversionista principal estadounidense se dirigiera directamente al Departamento de Estado y obtuviera autorización para que las partes negociaran los términos comerciales.
Es una situación extraordinaria: una minera australiana intentando utilizar capital estadounidense y una reestructuración societaria negociada con Washington para salvar proyectos cubanos afectados precisamente por sanciones estadounidenses.
Pero hasta agosto de 2026 no existe evidencia pública de que la operación haya sido aprobada ni de que un inversionista estadounidense haya entrado efectivamente en el proyecto.
La Demajagua: oro, plata y un metal estratégico
Nueva Sabana tampoco es el único activo que explica el interés de Antilles Gold en permanecer en Cuba.
La misma empresa mixta tiene entre sus proyectos a La Demajagua, en la Isla de la Juventud, un depósito considerablemente mayor y con una combinación particularmente interesante de oro, plata y antimonio.
Este último elemento ha adquirido especial importancia. El antimonio se utiliza, entre otras aplicaciones, en aleaciones, retardantes de llama, electrónica y determinadas tecnologías militares y energéticas, lo que ha aumentado su importancia estratégica.
Antilles Gold modificó sus planes para La Demajagua con el propósito de incorporar un circuito que permitiera recuperar más antimonio. Sus estudios contemplaban producir dos tipos de concentrados: uno de oro-arsenopirita y otro de oro-plata-antimonio.
Antes de las sanciones, la estrategia empresarial era bastante clara: poner primero en funcionamiento la mina más pequeña de Nueva Sabana, generar flujo de caja y utilizar esa experiencia y capacidad financiera para avanzar posteriormente hacia La Demajagua.
La paralización de Nueva Sabana altera toda esa secuencia.
El oro que se extrae fuera de las grandes empresas
Mientras los grandes proyectos necesitan millones de dólares, tecnología extranjera y complejas estructuras financieras, existe otro fenómeno mucho menos organizado: la minería ilegal.
En diferentes momentos las autoridades cubanas han informado sobre excavaciones clandestinas y procesamiento ilegal de minerales, particularmente en provincias orientales.
Este tipo de explotación plantea problemas adicionales: accidentes, excavaciones sin controles técnicos, posible contaminación y ausencia de cualquier sistema ambiental efectivo de supervisión.
La existencia de minería ilegal también revela algo importante: el valor de los minerales cubanos no es solamente una cuestión para geólogos o grandes inversionistas. En una economía marcada por bajos salarios, escasez y mercados informales, incluso depósitos pequeños pueden convertirse en incentivo para actividades extractivas clandestinas.
El problema ambiental no desaparece porque exista oro
Que un depósito sea económicamente explotable no significa que deba analizarse únicamente en términos de rentabilidad.
Nueva Sabana estaba planteada como una explotación a cielo abierto. Este tipo de minería implica remover grandes cantidades de roca y suelo, construir caminos e infraestructura industrial, gestionar residuos mineros y controlar las aguas que entran en contacto con las zonas excavadas y los depósitos de estériles y relaves.
Entre los impactos que deben evaluarse se encuentran la pérdida y transformación del suelo, sedimentación, polvo, ruido, alteraciones del drenaje, contaminación por metales y posibles afectaciones de aguas superficiales y subterráneas.
En el caso de la minería aurífera existe además una larga controversia internacional alrededor de determinadas tecnologías de procesamiento, especialmente aquellas que utilizan cianuro. Algunas jurisdicciones han establecido prohibiciones o restricciones sobre la lixiviación con cianuro.
La República Checa y Hungría, por ejemplo, adoptaron prohibiciones sobre determinadas tecnologías basadas en cianuro, y en Estados Unidos existen restricciones en estados como Montana y Wisconsin.
En ciertos países europeos la minería a cielo abierto está bajo una combinación de regulación ambiental, evaluaciones de impacto, restricciones sobre determinadas sustancias y, en algunos territorios, prohibiciones específicas.
En el caso cubano es relevante preguntarse qué tecnología se utilizará, qué sustancias estarán involucradas, cómo se manejarán los relaves, qué ocurrirá con los acuíferos, qué monitoreo independiente existirá y quién responderá económicamente si aparece contaminación décadas después del cierre de la mina.
¿Cuánta riqueza quedaría realmente en Cuba?
Esta es probablemente la pregunta más difícil.
Los documentos empresariales permiten conocer toneladas de mineral, leyes de oro, costos de capital, préstamos, contratos EPC, proyecciones de producción y expectativas de flujo de caja.
Resulta mucho más difícil determinar qué proporción del beneficio económico terminaría convirtiéndose en ingresos públicos verificables y, posteriormente, en mejoras para la población.
En un proyecto como Nueva Sabana existen múltiples participantes con derecho a recuperar capital u obtener beneficios: inversionistas extranjeros, acreedores, contratistas, compradores de concentrados y las empresas estatales cubanas participantes.
Por eso, decir simplemente que Cuba posee determinado valor en oro bajo tierra puede resultar engañoso. El valor geológico de un recurso no equivale al dinero que recibe un país por explotarlo.
Entre ambos extremos están los costos de extracción, procesamiento y transporte; las inversiones iniciales; el pago de deuda; las participaciones societarias; impuestos y regalías; precios internacionales; recuperación metalúrgica y, finalmente, los costos ambientales y de cierre de la mina.
Y en Cuba se añade otro problema: la limitada transparencia pública sobre las finanzas de numerosas empresas estatales y empresas mixtas dificulta seguir con precisión el recorrido final de esos ingresos.
Entonces, ¿hay oro en Cuba?
Sí.
Pero quizá esa sea ya la pregunta menos interesante.
Nueva Sabana demuestra que Cuba posee depósitos que pueden atraer capital extranjero y que, al menos sobre el papel, pueden convertirse en explotaciones comercialmente rentables. A finales de 2025 el proyecto había pasado de los estudios a la construcción y esperaba producir oro a comienzos de 2027.
Seis meses después, las sanciones estadounidenses alteraron completamente ese escenario.
Ahora el futuro del proyecto depende no solamente de geología, ingeniería y precios internacionales, sino también de decisiones tomadas en Washington, de la posibilidad de obtener licencias de OFAC y, paradójicamente, de encontrar inversionistas estadounidenses dispuestos a participar en una estructura empresarial vinculada a la minería cubana.
Mientras todo eso se decide, el oro permanece bajo tierra.
La cuestión ya no es solamente cuánto oro tiene Cuba, sino quién podrá extraerlo, con qué capital, bajo qué condiciones ambientales, quién controlará el negocio y cuánto de esa riqueza llegará finalmente a los cubanos.
Fuentes principales
- Antilles Gold Limited: informes y comunicaciones regulatorias sobre Nueva Sabana, Minera La Victoria, La Demajagua y las sanciones estadounidenses, publicadas en 2025–2026.
- Australian Securities Exchange (ASX): registro de comunicaciones de Antilles Gold durante junio y julio de 2026.
- U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC): Specially Designated Nationals and Blocked Persons List.
- U.S. Department of State / Federal Register: designaciones relacionadas con GeoMinera y el sector minero cubano.
- U.S. Environmental Protection Agency: EIA Technical Review Guidelines for Non-Metal and Metal Mining.
- Parlamento Europeo y Comisión Europea: documentación sobre tecnologías de minería aurífera basadas en cianuro.
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